Senadores de Morena respaldaron la decisión de la directiva de Pemex de emprender acciones legales por los casos de corrupción que han sido detectados en la empresa, como el de Agronitrogenados, en el que ya se acordó un pago de 216 millones de dólares.
El viernes, el director de la Petrolera, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador que además había una serie de contratos leoninos y pensiones vitalicias, como la de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción –organismo detrás del cual está el empresario Claudio X. González, el representante de la derecha opositora–, a quien se le han entregado indebidamente recursos por más de 31 millones de pesos.
En entrevista, el vocero del grupo mayoritario en esa cámara, César Cravioto, y su compañero José Narro consideraron que ese caso, en que se otorgó una pensión vitalicia a Casar y su familia, por un supuesto accidente de trabajo en el que falleció su esposo, Carlos Fernández Márquez, y una indemnización millonaria, cuando en realidad fue un suicidio, es prueba del robadero y saqueo de los recursos de Pemex durante los gobiernos de PRI y PAN.
Romero Oropeza, aseguró que han eliminado a los coyotes de cuello blanco y que se cerró la fuente de la corrupción, tras hacer un exposición de las irregularidades heredadas por Pemex de pasadas administraciones.
Los legisladores deploraron además que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) abriera una investigación por la decisión del gobierno federal de hacer público el expediente que contiene las anomalías en el otorgamiento de la pensión vitalicia y la indemnización a la familia de Casar.
“Por principio, no se trata de datos personales, sino de dinero público. Si se hubiera dado a conocer el cobro de un seguro privado, el INAI tendría razón, pero estamos hablando de un fraude a la principal empresa del país, cuyos recursos son del pueblo, donde además la dirección de Pemex interpuso ya demandas penales para que se devuelvan esos millones obtenidos de forma irregular, se agote la investigación y se sancione a los responsables”, destacó Cravioto.
Igualmente, Narro comentó que no extraña que el instituto trate de cubrir un acto de corrupción, ya que para eso fue creado por los gobiernos neoliberales, para que la rapiña en Pemex quedara encubierta.
El caso de Casar exhibe de forma clara los excesos que se cometieron en Pemex, donde todo era una robadera de dinero, para mostrarla como empresa improductiva y después privatizarla, insistió Cravioto.
Expuso que, debido a eso, desde el organismo presidido por ella se ataca de manera permanente al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde el inicio de su gobierno puso énfasis en sanear a Pemex y erradicar el despilfarro.
