El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCE), Rafael Ruiz Moreno, confirmó reuniones con autoridades estatales y federales para generar propuestas legislativas de reforma al código penal del estado. Esto, tras cuestionar la eficiencia de los trámites para denunciar un hecho ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y, particularmente, ante la interrogante de qué método usarán los policías y ministeriales que realicen este proceso en el lugar de los hechos, sea en caso de robos, asaltos y accidentes.
Mencionó que autoridades estatales como Marcela Muñoz, titular de Seguridad Pública, y Renato Sales, fiscal general de Campeche, no asistieron a la última reunión, pero sí mandaron a sus segundos al cargo como Josafat García Villalpando y Jackson Villacís respectivamente. También acudieron al encuentro representantes de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar).
Expuso que cada problema de seguridad es sectorial. “Nosotros como cúpula empresarial atendemos la seguridad como un tema integral que nos afecta, no estamos hablando solamente de robos, extorsiones, asaltos, cobros de derecho de piso, etcétera. Eso sí está ocurriendo, pero esos puntos en especifico son sectoriales, es decir, en cada tipo de empresa ocurre algo diferente”, explicó.
Señaló que en lo personal, ha dialogado con los presidentes de los 19 organismos empresariales que integran al CCE, desde panaderos y molineros, hasta la industria de la transformación y ganaderos, todos con un problema de seguridad característico, y esos temas fueron abordados en la mesa de seguridad para atender las necesidades de los diferentes gremios.
Recordó que en un principio de la administración, Sales Heredia pedía a los empresarios que asistieran a denunciar y cumplir con el protocolo adecuado para que pudieran judicializar todos los casos, pero mencionó que desde entonces ya era difícil por los factores que debían presentarse para tomar acciones judiciales en casos de robo y asalto violento, como en el caso de que el monto sustraído supere los 45 mil pesos, y ahora es más difícil aún.
Al respecto, comentó que la aprobación de la ley de Amnistía modificó de paso el Código Penal del Estado, y ese monto de 45 mil pesos se modificó a 150 mil pesos, y consideró que esto podría convertirse en un robo hormiga que afectaría severamente a las empresas y los pequeños comercios, pues le dan más facilidades a quienes infringen la ley.
Los temas más preocupantes para ellos son el abigeato entre los ganaderos; los intentos de extorsión realizados mediante llamadas desde los penales de la entidad; así como los robos y la incapacidad de la FGE para acreditar la culpabilidad del presunto responsable, sobre todo cuando aseguró que él le ha entregado muchas denuncias formales a la autoridad estatal para darles seguimiento, “algunas han procedido, otras no, y ahí es donde debemos presionarlos para que hagan su trabajo”, dijo.
Finalmente recalcó que las reuniones seguirán, pues también tienen tema con el Poder Legislativo para la cuestión de iniciativas, así como la creación del Comité Consultivo Empresarial para el presupuesto estatal el cual los diputados de todos los parlamentos aceptaron analizar.
